NUESTRO SECTOR NAVAL Y LOS
GOBIERNOS DEL ESTADO
Está claro que en la medida en que se den muestras de fortaleza,
coherencia, sensatez y/o seriedad, en esa misma medida a uno le respetan y consideran.
Y ese principio, que normalmente se aplica de forma individual a las personas,
también se hace extensivo a las representaciones colectivas que hay en la sociedad,
llegando incluso, cómo no, a los poderes del ámbito institucional.
Y en ese contexto y concretamente en
el sector naval, hay que decir que España, hasta ahora, no transmitió
precisamente ni confianza, ni sensatez, ni seriedad, ni coherencia, sino más
bien, todo lo contrario. A la UE lo que hasta ahora se le trasladó no fue otra
cosa que desconfianza. La suspensión del Tax Lease se dio, fundamentalmente,
porque volvimos a errar. Si, y puede que gravemente, ya veremos, porque de eso,
todavía queda por decir, por parte de la Comisión, la última palabra.
Lo que parece estar claro es que
volvimos a equivocarnos. Por tanto, en estos momentos volvemos a tener a la
espada de Damocles de forma amenazante sobre nuestras cabezas, y todo ello, parece
ser, que por no respetar las normas establecidas. La verdad, es que si esto se
confirma, en este país tendrían que rodar muchas cabezas. Y es que no podríamos
comportarnos de forma más insensata e inconsecuente después de la amarga experiencia
sufrida con Astano. Una experiencia, recordemos, todavía hoy inconclusa.
¿Y como se llega a esa situación? Pues por tres vías fundamentalmente. En primer lugar, por un
comportamiento totalmente anárquico, por nuestra parte, que nos lleva a no
respetar las normas y recomendaciones establecidas por parte de la UE. En
segundo lugar, por no ser suficientemente ágiles y competentes como para encontrar
una respuesta rápida al problema, dando de esta manera, muestras de verdadera
incompetencia o de despreocupación. Y en tercer lugar, por despreciar la
situación que se estaba dando y no afrontar el problema desde sus inicios, es
decir, desde el mismo momento en que la Comisión ( Septiembre del año 2006 ) le solicita
información a las autoridades españolas, ante las iniciativas que se estaban
llevando al cabo por parte de algunos astilleros ( a nivel individual ) y de asociaciones
de astilleros en Europa.
En cuanto a lo primero, porque las
exenciones fiscales permitidas por la Comisión estaban encuadradas entre el 18
y el 20 % del valor del buque, y sin embargo en España, a través de su particular
Sistema Español de Arrendamiento Fiscal ( SEAF ) ( conocido por el Tax Lease
español ) esa desgravación llegaba hasta el 30 %. Y eso es algo confirmado por
las autoridades españolas en 273 transacciones de construcción y adquisición de
buques a lo largo del periodo comprendido entre el 1 de Enero del 2002 y el 30
de Junio del 2010. Lo que dio lugar, a que en Mayo del año 2006, dos
federaciones nacionales de astilleros y un astillero a nivel individual,
presentaran las correspondientes denuncias ante la Comisión. Reclamaciones, que
ya en Julio del 2010, habían crecido de tal forma que ya representaban a
asociaciones de siete países europeos.
Y sobre el segundo y tercer aspecto,
decir que ninguna de las autoridades. Ni las estatales, ni las autonómicas ni
las empresariales ni las sindicales, le dieron
la importancia ni le prestaron el interés que realmente el asunto requería. Por
tanto, lo que hubo fue una flagrante dejación de funciones y responsabilidades
por parte de los miembros de las respectivas administraciones y organizaciones
empresariales, tanto públicas como privadas. A pesar de ser, y con bastante
antelación, perfectamente conocedoras de lo que estaba ocurriendo a nivel
europeo con nuestro sistema de contratación naval y por supuesto, de lo que se
le podía venir encima al sector. Como así fue.
La Comisión cuando se pone por vez
primera en contacto con España es a través de una carta enviada en Septiembre
del 2006. Cartas que luego se vuelven a repetir con el mismo objetivo, de
recabar información adicional, en Enero y Noviembre del 2007 y en Marzo del
2008. Por lo tanto, parece claro que lo que desde España se transmitió fue
insensatez, incompetencia y sobre todo irresponsabilidad. Una irresponsabilidad
que luego en el sector lo que hace es traducirse en llanto y desesperación.
Pero claro, como fruto de nuestras propias debilidades.
Es cierto que ahora volvemos a estar
(se supone que a partir de Enero, una vez que se modifique la ley tributaria en
vigor en nuestro país) en condiciones legales de poder competir de nuevo en el
mercado, sin embargo y a pesar de ser ésta una buena noticia, lo que no podemos
ni debemos de olvidar es que nuestra industria naval tuvo que soportar 17
largos, larguísimos meses de paralización, por la aparente incompetencia de
algunos de nuestros políticos y también empresarios del sector.
Ahora y no cerrado nuestro caso
todavía, es nuestro sector naval el que da un paso al frente y decide
convertirse en denunciante ante la Dirección General de la Competencia, de
presuntas ayudas no autorizadas por parte de Holanda y Noruega. Esta denuncia
de nuestros astilleros, que está apoyada por PYMAR (Pequeños y Medianos
Astilleros en Reconversión) y que está basada en informes de la Gerencia del
Sector Naval, organismo dependiente del Ministerio de Industria, se realiza
porque se tiene conocimiento de que Holanda estaba preparando un nuevo recurso
para presentar ante la Justicia Europea con el propósito de suspender
nuevamente el recientemente autorizado Tax Lease español. Y en ella, se ponen
al descubierto presuntas ayudas de los gobiernos de Noruega y Holanda a sus
astilleros que podrían considerarse ayudas ilegales por parte de la
Competencia.
Pero entonces, si efectivamente se
tiene la creencia de que los gobiernos de Noruega y Holanda ayudan ilegalmente
a sus astilleros ¿Por qué no se denunció antes? ¿Es que acaso si Holanda no
intentase denunciarnos de nuevo, nuestros astilleros continuarían callados a
pesar de saber lo que dicen saber? ¿Pero cómo podemos seguir soportando la
situación de Astano si de verdad pensamos que otros países están ayudando
ilegalmente a sus astilleros? ¿Por qué nunca se atrevió ningún gobierno del
Estado a poner encima de la mesa la renegociación del veto de Astano con todo
lo que, presuntamente, se sabe que hacen otros países de nuestra misma organización
en el mismo sector? Y aquí me remito al inicio, para que a uno le consideren,
además de obrar dentro de la legalidad, uno tiene que dar muestras de firmeza.
Y eso, en el fondo, no es otra cosa que hacer valer los derechos que cada uno
tenga.